El estudio de rocas de las cordilleras Occidental y Central permite a investigadores de EAFIT reconstruir la evolución de los Andes del norte, en Antioquia, desde hace millones de años hasta el último medio siglo. Conoce esta interesante historia.

Periodista Información y Prensa de EAFIT: Jonathan Andrés Montoya Correa.
 

El Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, declara a Colombia como un país megadiverso. Y esto se debe, en gran parte, a los miles de millones de años de procesos geológicos que han dado lugar a cordilleras, valles, sistemas de fallas
y condiciones climáticas que propician que esta sea una de las 17 naciones que albergan el 70 por ciento de la biodiversidad del planeta.

Por eso, Colombia no solo es un país megadiverso, también es geodiverso. Esta afirmación se evidencia en todos los paisajes que componen el territorio nacional incluido, por supuesto, el del Valle de Aburrá, donde se levanta Medellín. No es gratuito, por ejemplo, que la vista desde el parque Arví, con sus colinas y altiplanos, sea tan diferente de la que se aprecia desde uno de los miradores de la avenida Las Palmas.

Otra cosa es observar la ciudad desde alguno de sus tres cerros tutelares de la parte plana (El Volador, Nutibara y La Asomadera), en comparación con lo que se ve desde el Alto de la Virgen, en Guarne, o la geografía para quien está en el Alto de San Miguel, donde nace el río Medellín. Y todo eso es muy diferente a lo que
ve alguien que se lanza en parapente desde San Félix en dirección Occidente-Oriente.

¿Por qué el Valle de Aburrá se comporta tan diferente, cómo se formó y cómo sigue reacomodándose?, ¿por qué no se puede comprender como una unidad sino como un territorio geológicamente diverso?, ¿por qué tenemos el paisaje actual? y ¿cuál es la historia tras la formación de las montañas que lo conforman?

Explorar el big data para tomar mejores decisiones en empresas y el Estado es uno de los objetivos del Centro de Excelencia Caoba que se especializa en extraer información valiosa de los datos a gran escala para analizarlos y generar valor agregado para múltiples usos.

Santiago Higuita Posada, Colaborador.

En medio de la avalancha de datos que se producen todos los días en internet, una de las mayores unidades para el almacenamiento de información hasta ahora conocidas es el Zettabyte (ZB). Equivale a mil  trillones de bits, la unidad mínima empleada en informática.

Su capacidad es tal que en un ZB se podrían alojar más de 17 mil millones de iPhone de 64 gigas y una película en alta definición duraría cerca de 36 millones de años. Para el año 2021 se pronostica que el tráfico de los centros de datos en el planeta, gran parte almacenados en la nube computacional, podría superar los 20 ZB anuales, más del doble del peso actual de la red mundial.

Firmas internacionales como Cisco, líder en transformación digital y estudio de big data, han visualizado este panorama en la producción de información en su Índice Global de la Nube.

En este mar de datos, literalmente, navegan los data scientist que son profesionales en áreas convergentes como matemática, modelación, estadística y computación dedicados a auscultar la inmensidad de datos producidos a diario. Por medio de técnicas de data mining hallan información valiosa que sirve para tomar mejores decisiones tanto en el sector privado como en políticas públicas.

Son los científicos de la era de la información que se dedican a pensar, principalmente desde la ingeniería y la abstracción matemática, aplicaciones para hurgar en los recovecos del big data y crear algoritmos que solucionen problemas que afectan la cotidianidad desde el sector financiero hasta el medioambiente.

Edwin Montoya Múnera es ingeniero de sistemas y doctor en Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia (España). En la actualidad es profesor investigador de EAFIT y coordinador del Centro de Excelencia y Apropiación en Big Data y Data Analytics de la Alianza Caoba, una iniciativa público-privada impulsada por el Gobierno Nacional para promover investigación aplicada en estas áreas. La iniciativa opera desde el año 2016 en el cuarto piso del bloque 18 de EAFIT.

EAFIT ejecuta tres investigaciones con el Grupo Cartama, empresa agrícola dedicada a producir y exportar aguacate Hass. Los logros beneficiarán la productividad del sector y la calidad de la fruta. Las comunidades cercanas a los lugares de cultivo han recibido ya los nuevos conocimientos.

Juan Carlos Luján y Felipe Sosa, Colaboradores Revista Universidad EAFIT.

EAFIT y el Grupo Cartama desarrollan, desde 2019, tres proyectos que tienen relación e incidencia directa con el cultivo del aguacate Hass (Persea americana Mill). Como ha sucedido con otros proyectos de consultoría e innovación conjuntos entre la academia y la empresa privada, los logros han sido de gran trascendencia.

En los estudios participan investigadores de la Escuela de Ciencias de la Universidad. Cartama es una empresa dedicada al cultivo y comercialización de esta variedad de aguacate. Fue fundada en el año 2000 por un grupo de empresarios antioqueños y su primer lugar de producción fue en el municipio de Rionegro, en este departamento.

La compañía se dedica a toda la cadena de producción, desde la siembra del árbol en los viveros, cultivo, cosecha del fruto, embalaje en su planta ubicada en
Pereira (Risaralda) y el envío a los clientes finales.

En 2015 comenzó a exportar y en los últimos años ha ingresado a mercados como el japonés y el chino. Tiene unidades productivas en Rionegro, Sonsón, Amagá, Caramanta, Támesis, Jericó y Concordia (Antioquia), Anserma, Riosucio, Salamina y Aranzazu (Caldas), y Quinchía y Guática (Risaralda).

Cuenta con sellos y reconocimientos por la calidad de su producción y espera que las investigaciones con varias universidades, ente ellas, EAFIT, le permitan acceder a otras certificaciones.

Estas labores conjuntas entre Universidad y sector privado permiten que compartan conocimientos e investiguen con fines comunes. Además, los inversores o ejecutores reciben estímulos como deducciones y descuentos tributarios, lo que facilita también el acercamiento del empresariado a los grupos de investigación universitarios.

Proyecto Construcción de inventarios ecológicos para la gestión sostenible de los agroecosistemas de las unidades productivas de aguacate Hass

Con este se identificó la biodiversidad de cuatro unidades productivas (el Grupo Cartama denomina así sus fincas y terrenos de cultivo), ubicadas en los municipios de Quinchía, Riosucio y Guática.

Dentro de los logros más significativos está el haber registrado, según datos que aún están en verificación, cerca de 610 especies en la zona: 243 plantas, 30 herpetos (anfibios y reptiles), 30 mamíferos, 168 aves, 95 taxones de diptera y 40 taxones de hymenoptera, es decir, grupos de ambos tipos de insectos.

Susan Saavedra Porras, jefa de Investigación, Desarrollo e Innovación del Grupo Cartama, explica que el monitoreo a la biodiversidad se extendió un año y se efectuó en dos épocas para poder tener también datos de migraciones de aves y conocer las comunidades de insectos asociadas a efectos polinizadores.

“También se monitoreó la microbiota del suelo. Fueron análisis y estudios muy completos. El informe final presenta una propuesta para hacer una reconexión de los relictos de bosques (remanentes de bosques) en estas unidades productivas y favorecer la conservación de las especies identificadas”, agrega.

Cristian Andrés Díaz Profesor de Derecho Administrativo, Universidad EAFIT.

Hace algunos meses, la Corte Constitucional declaró “inexequible con efectos diferidos a dos legislaturas completas, contadas a partir del 20 de julio de 2021, la Ley 1951 del 24 de enero de 2019, ‘por medio de la cual se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones’.”

Del mismo modo, declaró inexequibles los artículos 125 y 126 de la Ley 1955 de 2019, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Esta decisión judicial se adoptó en la Sentencia C-047, con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo y fue anunciada en comunicado del 4 de marzo de 2021.

La Ley 1951 del 24 de enero de 2019 había creado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ordenando su entrada en funcionamiento dentro del año siguiente y asignándole la función principal de impulsar la participación de la comunidad científica para incrementar el nivel de la investigación científica y social, así como el desarrollo tecnológico de las instituciones de educación superior, los centros de investigación, los parques industriales y las empresas. Así mismo, la mencionada ley indicó que esta nueva entidad gubernamental no podía generar gastos generales o de personal adicionales a los que tenía presupuestado el Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).

Posteriormente, se promulgó la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y complementó –en los artículos 125 y 126– aspectos asociados a la estructura y competencias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que no habían quedado definidos en su ley de creación.

La Ley 1951 de 2019 fue demandada ante la Corte Constitucional que, a su vez, integró al proceso los artículos 125 y 126 de la Ley 1955 de 2019, por guardar relación con la fusión, la denominación y los objetivos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En la demanda se argumentó que: i) se infringió el artículo 154 de la Constitución, que establece que los proyectos de ley dirigidos a crear, suprimir o fusionar ministerios solo pueden ser presentados por el Gobierno Nacional, y esto no fue lo que sucedió en el caso analizado; y ii) se contravino el artículo 150, numeral 7, de la Constitución, por no establecerse en la ley la estructura del Ministerio que se creó.

La Corte Constitucional acogió estos argumentos indicando que “no es posible adoptar medidas que no correspondan a la función de planeación y que no tengan por finalidad impulsar el cumplimiento del Plan para el correspondiente período presidencial”. En tal sentido, precisó que no era viable subsanar a través de la ley del Plan Nacional de Desarrollo los vacíos relacionados con la estructura del Ministerio porque dicho asunto debía determinarse a partir del procedimiento democrático previsto en la Constitución.

Es más, para la Corte, los artículos 125 y 126 de la Ley 1955 de 2019 ni siquiera subsanaron el vacío en la estructura del Ministerio, pues se limitaron “a otorgarle al Gobierno facultades que la propia Constitución le confería para modificar la estructura de los ministerios, pero no para determinarla (artículo 189.16 de la Constitución)”.

Ahora bien, ¿qué implica que la Corte Constitucional haya declarado inexequibles las disposiciones normativas por las cuales se había creado el Ministerio? ¿Significa que desde la expedición de la Sentencia C-047 de 2021 dicho Ministerio desapareció?

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, “las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los
términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”. Usualmente, estos efectos se producen desde el mismo momento en el que se publica la sentencia, de manera que, si declara inexequible una norma, esta queda expulsada inmediatamente del ordenamiento jurídico. Sin embargo, tanto el artículo al que se ha hecho referencia, como la jurisprudencia constitucional reconocen la potestad de la Corte de modular los efectos de sus fallos, es decir, de establecer desde qué momento se producen tales efectos y en qué sentido.

Pues bien, con la Sentencia C-047 de 2021, “la inexequibilidad se declaró con efectos diferidos a dos legislaturas completas, contadas a partir del 20 de julio de 2021”. Según la Corte, “la medida del diferimiento se adoptó al tener en cuenta la necesidad de no afectar la continuidad en el cumplimiento de las finalidades constitucionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en los términos del artículo 70 de la Constitución, y los derechos de las personas vinculadas a la entidad y a los programas y proyectos que desarrolla en materia de ciencia, tecnología e innovación”.

Esto significa que con la decisión de la Corte Constitucional el Ministerio no desapareció. Más aún, puede seguir ejerciendo sus funciones. Pero el Congreso de la República cuenta con dos legislaturas, contadas a partir del 20 de julio de este año, para regular de manera completa la estructura de dicho Ministerio, pues una vez cumplidas aquellas, tanto la Ley 1951 de 2019 –que lo creó– como los artículos 125 y 126 de la Ley 1955 de 2019 –que complementaron sus funciones–, saldrán del ordenamiento jurídico y quedará sin fundamento normativo tal Ministerio.

Según el artículo 138 de la Constitución, una “legislatura” se conforma por dos períodos legislativos: el primero va del 20 de julio al 16 de diciembre y el segundo del 16 de marzo al 20 de junio. De acuerdo con lo anterior, el plazo para que el Congreso subsane los defectos en la estructura del Ministerio, siguiendo el trámite legislativo adecuado, vence el 20 de junio de 2023. Hasta esa fecha, dicho Ministerio puede continuar desarrollando sus actividades.

A pesar de que con el plazo concedido por la Corte Constitucional para remediar la situación el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación conserva temporalmente su vigencia y operatividad, un tema estratégico del Estado, como lo es la creación de un ministerio, debería contar con un procedimiento legislativo adecuado y tener claramente definida su estructura desde el momento de su concepción.

Debe recordarse que los ministerios y los departamentos administrativos, como órganos del Gobierno Nacional, cumplen funciones cruciales para la concreción de las políticas públicas. En tal sentido, la creación, modificación y supresión de aquellos debe obedecer a un razonable ejercicio de planeación y no a decisiones improvisadas.

La sentencia de la Corte Constitucional también es un llamado a que se respete el principio democrático en la creación de los órganos del Estado. El Congreso de la República no puede renunciar a su competencia para establecer la estructura de un ministerio, encomendando este asunto al Gobierno Nacional, pues ello no garantiza el grado óptimo de deliberación y afecta la legitimidad de este tipo de decisiones.

Hoy, a la Universidad se le entiende conectada con la investigación científica y la divulgación del conocimiento. Lee esta interesante entrevista a Juan Luis Mejía Arango, rector de EAFIT. 

Juan Gonzalo Betancur, Editor Revista Universidad EAFIT.

A Juan Luis Mejía Arango, rector de EAFIT, le gusta el origen etimológico de la palabra “cultura” por la relación que tiene con el mundo universitario: viene del latín cultus que significa cultivo o cultivado.

“La cultura es el cultivo de la inteligencia y del espíritu humano. Y el espacio donde se hace es, ante todo, la universidad. La sociedad le encargó a ese espacio llamado universidad el cultivo de la inteligencia en todas sus manifestaciones”, explica. Por eso, asegura que hay una conexión inseparable entre cultura y universidad, y que en una institución como  EAFIT  se  materializa  con  un  abanico de actividades tan amplio y numeroso que no pasa un día en que no haya varias de ellas, desde eventos académicos  hasta  presentaciones  artísticas.

En un año como 2020, marcado por la contingencia de la pandemia del COVID-19, el desafío ha sido continuar con esa dinámica de manera remota utilizando las  tecnologías de la información, cosa que se ha venido haciendo con la presentación de conferencias, ciclos de cursos, conciertos de la Orquesta Sinfónica EAFIT e, incluso, lectura de cuentos por parte de los autores que fueron publicados por la Editorial EAFIT.

“Hoy la red nos permite ser no solamente un epicentro local, como nos jactamos de ser, sino que la virtualidad nos da la oportunidad de tener esa presencia mayor. Ya no nos estamos refiriendo a un público local, sino a uno más universal”, precisa el Rector.

Pero el asunto va más allá, tiene que ver con el sentido de lo cultural y su imbricación con todas las ciencias. En la siguiente entrevista, el rector Juan Luis Mejía Arango explica el soporte conceptual que guía la política cultural de la Universidad EAFIT y su enlace con los procesos de descubrimiento y creación.

¿Cuál es la filosofía que ha orientado el trabajo de la Universidad EAFIT en el campo cultural y que la ha convertido en un epicentro cultural?

“Hay que entender la cultura en un sentido muy amplio. Me preocupa que se ha segmentado la palabra ‘cultura’ solo a las expresiones de las bellas artes cuando ella es una representación de todas las manifestaciones del ser humano. En ese sentido, la ciencia, por ejemplo, hace parte de la cultura. Una  escuela teológica que me encanta dice que Dios dejó inconclusa la Creación para que el Hombre la continuara y que por eso le dio el don de crear. Considero que ese es el gran deber del ser humano: complementar la Creación de una manera permanente y positiva.

La universidad, a lo largo de los 800 años que tiene este concepto, ha sido ante todo un epicentro de cultura, el lugar desde donde se irradian la inteligencia, la ciencia y las expresiones del pensamiento. Una educación pensada solo  como  un  engranaje  más  del  sistema  productivo  empobrece la idea de universidad.

Conoce este proyecto que combina una diversidad de formatos narrativos y de recursos tecnológicos para recuperar la obra de uno de los bardos más importantes de Colombia para las nuevas generaciones. 

Karen Osorno Valera, Colaboradora.

Llegaron a la Sala de Patrimonio Documental de EAFIT como archivos originales en soportes que requerían de una impecable atención para conservar su valor histórico y como otra colección para preservar. Se trataba de documentos que hacen parte la obra de León de Greiff, uno de los poetas colombianos más reconocidos del Siglo XX por transgredir los cánones establecidos en su época, por intentar renovar la poesía nacional con la fuerza de un huracán.

Pero, ¿qué tal convertirlos en un proyecto de narrativa transmedia con el objetivo de que niños, niñas y jóvenes pudieran acceder a esos contenidos a través de formatos atractivos e innovadores, cercanos a ellos, de tal manera que permitieran su apropiación por parte de los chicos?

La idea cobró vida gracias a Mauricio Vásquez Arias, profesor del Departamento de Comunicación Social, quien en compañía de sus estudiantes y el Semillero de Investigación en Narrativas Transmedia decidió articular este proyecto de investigación-creación para su tesis doctoral en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas, con los trabajos que hace el MediaLab de la Institución y el Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas.

El proyecto se denominó Diseño Transmedia para experiencias de apropiación de archivos culturales y cuenta con financiación de la Universidad a través de la Vicerrectoría de Descubrimiento y Creación.

Nuevos elementos para entender las razones que permitieron que esta región alcanzara un importante desarrollo empresarial fueron hallados en una investigación de la Escuela de Derecho. El proyecto ha estudiado, hasta ahora, 3276 sociedades mercantiles constituidas en esta región entre los años 1887 y 1945.

Laura López Alzate, Colaboradora Revista Universidad EAFIT.

Gracias a la alianza entre la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Universidad EAFIT fue posible reconstruir, a partir de documentos antiguos, la historia de la actividad societaria en la región.

El estudio demuestra los cimientos del desarrollo empresarial en Antioquia, pero también encuentra que el contrato de sociedad fue utilizado para llevar a cabo otras actividades económicas, sociales y culturales como farmacias, boticas y droguerías, clubes sociales, teatros, cines, editoriales y periódicos, entre otros.

Esto se evidencia al recorrer las páginas del libro Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad societaria de la región, que recoge las conclusiones de la primera fase de esta investigación realizada por los docentes de la Escuela de Derecho María Virginia Gaviria Gil y Juan Esteban Vélez Villegas, junto a Diana Paola Gil Guzmán, abogada e investigadora asociada al proyecto.

Ya está en proceso de edición un segundo tomo que amplía el análisis hasta el año 1945. Según la profesora María Virginia Gaviria, magíster en Historia e investigadora principal, en las dos primeras fases del proyecto se pudieron identificar 3276 sociedades.

Para ella, ambos libros no solo contienen todo el análisis de lo que traían los códigos y las principales normatividades de la época, sino que “van más allá para mirar cómo se usaban en la vida práctica, cómo los empresarios utilizaban esas normas, cómo se apropiaban de las mismas y, adicionalmente, los comentarios que la doctrina jurídica realizaba sobre ellas”.

La investigación fue realizada a partir de fuentes jurídicas como los extractos notariales de constitución de sociedades ubicados en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con los que elaboraron un trabajo minucioso de investigación histórica, jurídica y socioeconómica. Con eso lograron identificar en qué regiones de Antioquia se constituyeron más sociedades y quiénes hacían parte de ellas.

Según explica María Virginia Gaviria, “muchos antioqueños tenían sus sociedades familiares o personales, pero a partir de ellas constituían otras sociedades. Existieron unos grupos societarios a principios del siglo XX, un fenómeno que pensábamos que era solo característico de la segunda parte de ese siglo”.

En la investigación también lograron definir qué tipos de sociedades se constituían en la época, siendo las sociedades anónimas menos comunes que las colectivas. Estas últimas eran las preferidas, entre otros motivos, porque generaban más confianza entre el público.

“Logramos encontrar el uso que se le daba a esa figura societaria, a ese contrato de sociedad para múltiples finalidades, que no eran solamente el contrato de sociedad para desarrollar actividades comerciales o para esas nacientes industrias. A principios del siglo XX se utilizaba la sociedad para desarrollar actividades profesionales, servicios de abogados, odontológicos, tareas de prensa, actividades recreativas, cine, teatro, editoriales y muchas otras labores que recurrían a esta herramienta”, comenta la profesora Gaviria.

Grupo del proyecto de investigación. Foto: Róbinson Henao

Ejemplo de prosperidad en una crisis

Juan Esteban Vélez Villegas, también docente e investigador de la Escuela de Derecho y coautor del libro, explica que Antioquia era un territorio periférico durante el período colonial que se destacaba por ser una región minera, pero donde a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se constituyeron una gran cantidad de sociedades mercantiles y se desarrolló una actividad comercial significativa.

“La Medellín de la primera década del siglo XX era una ciudad que no tenía más de 70.000 habitantes y, sin embargo, fue un sitio en el que logró desarrollarse
una industria manufacturera muy importante, en donde comenzaron a surgir industrias dedicadas a muchos tipos de actividades. Las textilerías fueron quizás las más notables durante un tiempo, entre las que sobresalieron Coltejer y Fabricato, además de otras industrias de bebidas, zapatos y hasta fósforos, algunas que aún hoy son grandes empresas”, manifiesta Vélez.

También comenzaron las grandes siembras de café, se crearon bancos, en tanto que hubo abundancia de dinero proveniente de la minería. “Para hablar de la historia de Antioquia hay que hacer referencia a la minería”, recuerda el abogado e historiador Rodrigo Puyo Vasco, editor general del libro. Pero no todo fue color de rosa, también ocurrió lo contrario: se presentaron algunas quiebras famosas.

Todo esto representó una riqueza enorme en este período y una gran influyencia política en la vida de la Nación, tanto así que hubo tres presidentes de la República
antioqueños en este período: Pedro Nel Ospina, Carlos E. Restrepo y Marco Fidel Suárez.

El denominado Caso Antioqueño, que para muchos investigadores sorprende porque surgió en una región relativamente periférica y aislada para entonces, generó ese dinamismo industrial que igualmente queda en evidencia en esta investigación.

“Esas pequeñas sociedades colectivas antioqueñas manejaban capitales muy limitados y aún así tenían un ecosistema enormemente rico en donde había sociedades de todos los tamaños dedicadas a una gran cantidad de actividades. De esta forma, vemos que el surgimiento posterior de las grandes industrias no fue fruto del azar, sino el resultado de un movimiento mucho más general que se estaba dando en la región”, comenta el profesor Vélez.

Por esta razón, Antioquia fue un ejemplo de cómo prosperar en épocas de crisis: “La región estaba reventada con la Guerra de los Mil Días [ocurrida entre 1899 y 1902], la inflación estaba desbocada, la moneda había colapsado por los abusos del banco y tardó mucho tiempo en volver a ajustarse”.

Pero, a pesar de esa crisis tan enorme, los empresarios antioqueños de ese momento mantuvieron su asociatividad y en medio de esa situación tan difícil lograron sobreponerse y, por eso, en las primeras décadas del siglo XX se pudo dar el florecimiento de la actividad empresarial en la región.

Los avances y retrocesos en asuntos de justicia, violencias, paz, seguridad y convivencia, economías ilícitas y construcción de Estado son un campo fértil para la investigación académica que busca desentrañar las complejas relaciones que rigen la vida colombiana. 

Octavio Gómez Velásquez, Colaborador.

La Universidad EAFIT es como un titán de mil ojos que, desde el aprendizaje, el descubrimiento y la creación, y la proyección social acompaña los procesos sociales, económicos y políticos que permiten interpretar muchos asuntos de nuestro devenir: la historia nacional, el papel del Estado, las instituciones que administran justicia, el accionar de los grupos ilegales, los conflictos, la reincorporación a la sociedad de excombatientes, la manera en que se desarrolla la agenda de construcción de paz y fenómenos como las economías ilegales, las organizaciones criminales y sus relaciones con las comunidades.

Son ojos que avizoran, con criterio interdisciplinario, la evolución de esos fenómenos y cuyos responsables abren espacios de reflexión y encuentro social.

El abogado Camilo Piedrahíta Vargas, decano de la Escuela de Derecho de EAFIT, destaca la participación general de las universidades durante el proceso de negociación que permitió la desmovilización de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) diciendo que “la academia ha sido un espacio supremamente valioso e importante para reflexionar en torno a figuras jurídicas y políticas y, en nuestro campo, especialmente sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.

En esa línea, el directivo docente destacó el trabajo de EAFIT, junto a la Universidad del Norte (Barranquilla), en “el acompañamiento a las labores de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como a la Comisión de la Verdad”.

Piedrahíta Vargas defiende el hecho de que las universidades, durante la negociación y tras la firma del acuerdo, se hayan consolidado como “espacios y centros de debate, de tolerancia, desde donde –gracias a la credibilidad que tiene la academia– podemos hacer un acompañamiento no solo a las instituciones encargadas de ejecutar y materializar los acuerdos de paz y el resarcimiento a las víctimas, sino también a la sociedad”.

Mirada sobre las economías criminales

Los ojos de la universidad también han observado fenómenos paralelos al conflicto o que son producto de él. El doctor en Ciencia Política y docente del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de EAFIT, Gustavo Duncan Cruz, experto en temas de narcotráfico, criminalidad y construcción del Estado, explica que con el proceso de paz se evidenció que “el fenómeno de las economías criminales está conformado por un espectro más amplio que surge de tantos años de conflicto. Hay una serie de actividades que son ilegales, ilegales toleradas o informales que son susceptibles a la regulación de actores armados distintos al Estado”.

Duncan Cruz añade que “el problema que quedó después de tanto tiempo fue que el conflicto enseñó a muchas comunidades y organizaciones criminales cómo explotar ganancias por ejercicio sobre ese control social porque se establece un monopolio sobre ese mercado, porque se practican extorsiones, etc.”

Una investigación liderada por dos profesoras de la Escuela de Administración de EAFIT describe la forma en que empresas multinegocios del país diseñan y adaptan sus estrategias corporativas desde la alta dirección.

Daniela Milena Ramírez, Colaboradora Revista Universidad EAFIT.

Adentrarse al corazón de las grandes empresas representa un desafío desde el campo de la administración debido a que sus administradores suelen ser renuentes a revelar información de la estrategia corporativa.

De ahí el mérito de un estudio realizado por dos profesoras de la Universidad EAFIT que analiza a las compañías multinegocios colombianas de seis regiones, con hallazgos que nutren el debate académico y trazan un camino para profundizar sobre el modo en que son administradas.

La investigación describe a las multinegocios como aquellas empresas con una diversidad de negocios desde la propiedad, con portafolios cruzados, una administración central y unas formas determinadas de seguimiento al desempeño (se reconocen organizaciones privadas, de origen familiar y hasta estatales).

Entre otros aspectos, sus resultados muestran la forma en que pasan a convertirse en multinegocios, la compleja configuración de la estrategia, aspectos sobre la gestión de sus portafolios y, principalmente, cómo se administran conjuntamente desde sus centros corporativos (una especie de oficina central).

Tal exploración fue realizada por las profesoras Luz María Rivas Montoya y Diana Londoño Correa, del Departamento de Organización y Gerencia, de la Escuela de Administración de EAFIT, a partir de su interés de ampliar estudios llevados a cabo en sus tesis de doctorado con empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

Las investigadoras consideraron que era necesario seguir indagando para entender, más allá de los aspectos financieros y económicos –que consideran muy importantes– el cómo lo hacen, es decir, la complejidad de la administración de estos conglomerados.

De acuerdo con Rivas Montoya, el hallazgo más importante tiene que ver con el momento en que pasan a convertirse en multinegocios y la dirección debe definir la estrategia competitiva para cada uno de esos negocios y la corporativa para toda la empresa; esto implica una paradoja: fortalecer la singularidad competitiva de cada negocio, mientras crean nuevo valor económico para toda la empresa multinegocios.

“Se reconoce que la empresa multinegocios compite en varios sectores y ello es muy importante para entender que no se puede tener una estrategia competitiva por empresas, sino por negocio. Hay compañías que no entienden eso y definen una estrategia para toda una empresa, cuando en realidad tienen negocios distintos”, apunta la investigadora.

Una vez están operando como multinegocios, otro reto que aparece es la toma de decisiones, que depende en gran medida del porcentaje de participación de la propiedad en cada negocio. Lo anterior implica que se presenten diferentes formas de administrar. Las académicas relacionan que la gerencia se torna más fácil cuando los dueños tienen el cien por ciento de la propiedad porque permite centralizar funciones como el pago de la nómina o de los impuestos, el uso de tecnologías, la optimización del manejo financiero, entre otros aspectos.

“Pero encontramos que esas empresas tienen distintas participaciones en las sociedades y, dependiendo del grado de propiedad, es que pueden tomar decisiones sobre algunas funciones corporativas o no, tales como la definición del portafolio, la gestión interna y la gestión externa”, explica la profesora Rivas Montoya.

El trabajo permitió obtener información de las complejidades de la administración de estas compañías.
Foto: Shutterstock

Diversas formas de generar valor

Otro aspecto fundamental que revela el estudio es la importancia de las estrategias de no mercado y de acción política corporativa, que tienen que ver con la gestión externa que realizan con sus grupos de interés y ante el Estado; una particularidad que, suponen, obedece al entorno del país.

En esta gestión son claves actores como los dueños, en empresas más pequeñas o familiares, y los vicepresidentes de asuntos corporativos, en las más grandes.

“El tema de la acción política y el compromiso con las regiones es muy valioso, y es muy diferente al de otras partes del mundo porque los problemas son muy distintos: se trata de otros contextos”, explica la investigadora Diana
Londoño Correa.

Este tipo de relacionamiento con la sociedad se da, en la mayoría de casos, a través de fundaciones empresariales. Asimismo, en las acciones políticas con el Estado se busca participar en la definición de legislaciones que pueden
afectar a los negocios.

También, se identifica que la administración conjunta es orientada a generar sinergias que logren que los negocios sean más competitivos, mejorando su eficiencia y creando nuevo valor. Desde la alta dirección también se impulsa el diseño de programas para pensar cómo hacer cosas diferentes y generar nuevos ingresos.

“Nuestras empresas son muy creativas en generar nuevas formas de valor al administrar conjuntamente esos negocios. De hecho, en uno de los artículos mencionamos ejemplos de nuevas formas de generar ese valor”, menciona Rivas Montoya. Sin embargo, no todas operan a partir de centros corporativos. Algunos negocios, pese a tener portafolios cruzados, pueden ser más independientes.

Al igual que en el fútbol, el tiempo juega contra quien necesita resultados. Hoy, aparte de tiempo, el medio ambiente requiere de acciones que financien iniciativas que mermen las emisiones de efecto invernadero. Los bonos verdes son una opción que crece y se consolida en el mercado de deuda.

Juan Carlos Luján, Colaborador Revista Universidad EAFIT.

Habría que vivir en Marte para no percibirlo. Fuertes aguaceros que generan enormes inundaciones, tifones y huracanes que se forman con mucha más intensidad, olas de calor o frío que golpean amplios sectores del mundo, fenómenos atmosféricos que desconciertan a la ciencia.

Quienes habitamos la Tierra, como en un partido de fútbol definitivo, jugamos en contra del tiempo por cuenta del cambio climático y desde diferentes ámbitos, incluidas las finanzas, y por tanto, es un imperativo buscar soluciones que permitan revertir una situación tan determinante para el futuro de la humanidad y de las diferentes especies que conforman el planeta.

Sí, hay que movilizar recursos para generar efectos resilientes alrededor del medio ambiente, pues como lo menciona Juan Felipe Franco, director general de Hill Consulting –firma colombiana que se encarga de trabajar por territorios amables y saludables–, la gestión para hacerle frente al cambio climático no puede
ser exclusivamente financiada a través de recursos de donación o de cooperación internacional.

“Definitivamente se necesita de la inyección de capital importante para lograr acciones transformadoras”, menciona el consultor, quien agrega que una alternativa para hacerle frente al asunto son los bonos verdes, financiación que se requiere con prioridad teniendo en cuenta las ambiciosas metas internacionales de Colombia frente al cambio climático y la consiguiente movilización de recursos para su cumplimiento.

Además, no se trata de un asunto filantrópico, sino de gestión de un riesgo, como lo son las acciones en beneficio del medio ambiente. Famosos desde 2007, cuando un grupo de inversionistas nórdicos se acercó al Banco Mundial con el fin de gestionar herramientas que les permitieran invertir en los mercados financieros, pero a la vez tener unos impactos positivos en el medio ambiente, se trata de instrumentos de deuda cuyos recursos solo deben utilizarse en proyectos con efectos ambientales positivos.

La definición de lo que son está en el estudio internacional El potencial de los mercados de bonos verdes en América Latina y el Caribe, financiada por la Fundación EU-LAC y en la que participaron académicos de EAFIT, la firma Hill y Get2C.

En palabras de Diana Constanza Restrepo Ochoa, docente del Departamento de Finanzas de EAFIT y una de las autoras del estudio, los bonos verdes permiten visibilizar los recursos dirigidos a la financiación de iniciativas relacionadas, por ejemplo, con eficiencia energética, energías renovables limpias o infraestructura sostenible, entre otras.

La profesora explica que “esto nos ayuda a entender mejor cómo se mueven los recursos hacia estas áreas, acordes con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y también con el Acuerdo de París, que busca un compromiso global por limitar el aumento de la temperatura en el planeta a menos de dos grados centígrados de aquí a 2030. Idealmente a no más de 1.5 grados centígrados”.

Los bonos verdes son más que un asunto de financiación o de corte filantrópico. Son también una forma de gestión de un riesgo, como todas las acciones en beneficio del cuidado del medio ambiente.
Foto: Róbinson Henao

Un mercado de crecimiento

Utilizados por instituciones públicas y privadas, los bonos hacen parte de un mercado de valores de deuda, es decir, en el que se presenta un  financiamiento por medio de la emisión de dichos bonos. Son también conocidos como valores de renta fija, pues entre emisores y compradores se sabe con exactitud la cantidad de dinero que se obtendrá y el interés fijado.

Los bonos verdes integran dicho mercado y, a 2019, se habían tranzado 1397 billones de dólares en el mundo, según el registro que desde 2014 hace The Climate Bonds Initiative (CBI). A su vez, durante 2021 se han movido 298.4 billones de dólares en todo el planeta en bonos verdes.

La profesora Diana Restrepo especifica que son los actores privados quienes más han intervenido en este mercado con la emisión de más del 50% de los instrumentos. El sector público como tal tiene una participación cercana al 30% y la banca de desarrollo un 16 o 17%.

El estudio subraya que, según datos de 2019, Europa se erigía como el principal emisor con un 40% de bonos, mientras que América Latina aportaba solo un 2%.

Y aunque es un mercado en crecimiento, corresponde al 1 % del mercado general de bonos, como lo indicó el Banco Interamericano de Desarrollo en 2019 y que se reseña en la publicación. “Llegar a ese tamaño del mercado global de deuda no es algo desdeñable porque este es un mercado bastante grande”, dice la académica, y más aún cuando su auge comenzó en 2014, siete años después de la emisión del primer bono. En lo concerniente a Latinoamérica, Diana Constanza Restrepo comenta que una de las razones para que falte más consolidación es que se trata de un sector con mercados de deuda aún muy pequeños.

“La mayoría de nuestro tejido empresarial está conformado por empresas pequeñas y medianas, y se necesita salir con una cantidad relativamente grande de deuda (una emisión competitiva de deuda en el mercado colombiano es de más de 200 mil millones de pesos)”.