Una investigación liderada por dos profesoras de la Escuela de Administración de EAFIT describe la forma en que empresas multinegocios del país diseñan y adaptan sus estrategias corporativas desde la alta dirección.

Daniela Milena Ramírez, Colaboradora Revista Universidad EAFIT.

Adentrarse al corazón de las grandes empresas representa un desafío desde el campo de la administración debido a que sus administradores suelen ser renuentes a revelar información de la estrategia corporativa.

De ahí el mérito de un estudio realizado por dos profesoras de la Universidad EAFIT que analiza a las compañías multinegocios colombianas de seis regiones, con hallazgos que nutren el debate académico y trazan un camino para profundizar sobre el modo en que son administradas.

La investigación describe a las multinegocios como aquellas empresas con una diversidad de negocios desde la propiedad, con portafolios cruzados, una administración central y unas formas determinadas de seguimiento al desempeño (se reconocen organizaciones privadas, de origen familiar y hasta estatales).

Entre otros aspectos, sus resultados muestran la forma en que pasan a convertirse en multinegocios, la compleja configuración de la estrategia, aspectos sobre la gestión de sus portafolios y, principalmente, cómo se administran conjuntamente desde sus centros corporativos (una especie de oficina central).

Tal exploración fue realizada por las profesoras Luz María Rivas Montoya y Diana Londoño Correa, del Departamento de Organización y Gerencia, de la Escuela de Administración de EAFIT, a partir de su interés de ampliar estudios llevados a cabo en sus tesis de doctorado con empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

Las investigadoras consideraron que era necesario seguir indagando para entender, más allá de los aspectos financieros y económicos –que consideran muy importantes– el cómo lo hacen, es decir, la complejidad de la administración de estos conglomerados.

De acuerdo con Rivas Montoya, el hallazgo más importante tiene que ver con el momento en que pasan a convertirse en multinegocios y la dirección debe definir la estrategia competitiva para cada uno de esos negocios y la corporativa para toda la empresa; esto implica una paradoja: fortalecer la singularidad competitiva de cada negocio, mientras crean nuevo valor económico para toda la empresa multinegocios.

“Se reconoce que la empresa multinegocios compite en varios sectores y ello es muy importante para entender que no se puede tener una estrategia competitiva por empresas, sino por negocio. Hay compañías que no entienden eso y definen una estrategia para toda una empresa, cuando en realidad tienen negocios distintos”, apunta la investigadora.

Una vez están operando como multinegocios, otro reto que aparece es la toma de decisiones, que depende en gran medida del porcentaje de participación de la propiedad en cada negocio. Lo anterior implica que se presenten diferentes formas de administrar. Las académicas relacionan que la gerencia se torna más fácil cuando los dueños tienen el cien por ciento de la propiedad porque permite centralizar funciones como el pago de la nómina o de los impuestos, el uso de tecnologías, la optimización del manejo financiero, entre otros aspectos.

“Pero encontramos que esas empresas tienen distintas participaciones en las sociedades y, dependiendo del grado de propiedad, es que pueden tomar decisiones sobre algunas funciones corporativas o no, tales como la definición del portafolio, la gestión interna y la gestión externa”, explica la profesora Rivas Montoya.

Diversas formas de generar valor

Otro aspecto fundamental que revela el estudio es la importancia de las estrategias de no mercado y de acción política corporativa, que tienen que ver con la gestión externa que realizan con sus grupos de interés y ante el Estado; una particularidad que, suponen, obedece al entorno del país.

En esta gestión son claves actores como los dueños, en empresas más pequeñas o familiares, y los vicepresidentes de asuntos corporativos, en las más grandes.

“El tema de la acción política y el compromiso con las regiones es muy valioso, y es muy diferente al de otras partes del mundo porque los problemas son muy distintos: se trata de otros contextos”, explica la investigadora Diana Londoño Correa.

Este tipo de relacionamiento con la sociedad se da, en la mayoría de casos, a través de fundaciones empresariales. Asimismo, en las acciones políticas con el Estado se busca participar en la definición de legislaciones que pueden afectar a los negocios.

Una educación flexible y relevante, una generación y transferencia de conocimiento consciente y responsable, y una construcción de tejido social y productivo. Estos son los ejes del Proyecto Educativo Institucional con los que la Universidad mira al futuro, ese escenario que transcurre en tiempo presente y del que surgen nuevas preguntas, un libro que se hace necesario escribir a varias manos con diversos sectores como aliados para conectar capacidades y tejer redes.

Juan Carlos Luján Sáenz.

Al igual que en el fútbol, el tiempo juega contra quien necesita resultados. Hoy, aparte de tiempo, el medio ambiente requiere de acciones que financien iniciativas que mermen las emisiones de efecto invernadero. Los bonos verdes son una opción que crece y se consolida en el mercado de deuda.

Juan Carlos Luján, Colaborador Revista Universidad EAFIT.

Habría que vivir en Marte para no percibirlo. Fuertes aguaceros que generan enormes inundaciones, tifones y huracanes que se forman con mucha más intensidad, olas de calor o frío que golpean amplios sectores del mundo, fenómenos atmosféricos que desconciertan a la ciencia.

Quienes habitamos la Tierra, como en un partido de fútbol definitivo, jugamos en contra del tiempo por cuenta del cambio climático y desde diferentes ámbitos, incluidas las finanzas, y por tanto, es un imperativo buscar soluciones que permitan revertir una situación tan determinante para el futuro de la humanidad y de las diferentes especies que conforman el planeta.

Sí, hay que movilizar recursos para generar efectos resilientes alrededor del medio ambiente, pues como lo menciona Juan Felipe Franco, director general de Hill Consulting –firma colombiana que se encarga de trabajar por territorios amables y saludables–, la gestión para hacerle frente al cambio climático no puede ser exclusivamente financiada a través de recursos de donación o de cooperación internacional.

“Definitivamente se necesita de la inyección de capital importante para lograr acciones transformadoras”, menciona el consultor, quien agrega que una alternativa para hacerle frente al asunto son los bonos verdes, financiación que se requiere con prioridad teniendo en cuenta las ambiciosas metas internacionales de Colombia frente al cambio climático y la consiguiente movilización de recursos para su cumplimiento.

Además, no se trata de un asunto filantrópico, sino de gestión de un riesgo, como lo son las acciones en beneficio del medio ambiente. Famosos desde 2007, cuando un grupo de inversionistas nórdicos se acercó al Banco Mundial con el fin de gestionar herramientas que les permitieran invertir en los mercados financieros, pero a la vez tener unos impactos positivos en el medio ambiente, se trata de instrumentos de deuda cuyos recursos solo deben utilizarse en proyectos con efectos ambientales positivos.

La definición de lo que son está en el estudio internacional El potencial de los mercados de bonos verdes en América Latina y el Caribe, financiada por la Fundación EU-LAC y en la que participaron académicos de EAFIT, la firma Hill y Get2C.

En palabras de Diana Constanza Restrepo Ochoa, docente del Departamento de Finanzas de EAFIT y una de las autoras del estudio, los bonos verdes permiten visibilizar los recursos dirigidos a la financiación de iniciativas relacionadas, por ejemplo, con eficiencia energética, energías renovables limpias o infraestructura sostenible, entre otras.

La profesora explica que “esto nos ayuda a entender mejor cómo se mueven los recursos hacia estas áreas, acordes con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y también con el Acuerdo de París, que busca un compromiso global por limitar el aumento de la temperatura en el planeta a menos de dos grados centígrados de aquí a 2030. Idealmente a no más de 1.5 grados centígrados”.

Los bonos verdes son más que un asunto de financiación o de corte filantrópico. Son también una forma de gestión de un riesgo, como todas las acciones en beneficio del cuidado del medio ambiente.

Foto: Róbinson Henao

Un mercado de crecimiento

Utilizados por instituciones públicas y privadas, los bonos hacen parte de un mercado de valores de deuda, es decir, en el que se presenta un  financiamiento por medio de la emisión de dichos bonos. Son también conocidos como valores de renta fija, pues entre emisores y compradores se sabe con exactitud la cantidad de dinero que se obtendrá y el interés fijado.

Los bonos verdes integran dicho mercado y, a 2019, se habían tranzado 1397 billones de dólares en el mundo, según el registro que desde 2014 hace The Climate Bonds Initiative (CBI). A su vez, durante 2021 se han movido 298.4 billones de dólares en todo el planeta en bonos verdes.

La profesora Diana Restrepo especifica que son los actores privados quienes más han intervenido en este mercado con la emisión de más del 50% de los instrumentos. El sector público como tal tiene una participación cercana al 30% y la banca de desarrollo un 16 o 17%.

El estudio subraya que, según datos de 2019, Europa se erigía como el principal emisor con un 40% de bonos, mientras que América Latina aportaba solo un 2%.

Y aunque es un mercado en crecimiento, corresponde al 1 % del mercado general de bonos, como lo indicó el Banco Interamericano de Desarrollo en 2019 y que se reseña en la publicación. “Llegar a ese tamaño del mercado global de deuda no es algo desdeñable porque este es un mercado bastante grande”, dice la académica, y más aún cuando su auge comenzó en 2014, siete años después de la emisión del primer bono. En lo concerniente a Latinoamérica, Diana Constanza Restrepo comenta que una de las razones para que falte más consolidación es que se trata de un sector con mercados de deuda aún muy pequeños.

“La mayoría de nuestro tejido empresarial está conformado por empresas pequeñas y medianas, y se necesita salir con una cantidad relativamente grande de deuda (una emisión competitiva de deuda en el mercado colombiano es de más de 200 mil millones de pesos)”.

Este lugar, orgullo de la nación y tesoro del turismo, se halla en estado crítico. Desde hace siete años, una investigación ofrece diagnósticos precisos que facilitan la toma de decisiones para mitigar los efectos de la contaminación y mejorar la calidad de vida de la gente a su alrededor.

Christian Alexander Martinez Guerrero, Comunicador de la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad EAFIT.

Hay lugares que uno visita y queda con la sensación de no querer volver. Para mí, uno de esos fue Cartagena de Indias en diciembre de 2019. Aunque sé que hay desigualdades en todas partes, las que noté allá me impactaron mucho.

Hace poco volví por motivos laborales y hoy solo pienso cuánto me gustaría poder regresar para hacer trabajo con las comunidades, regresar para conocer más historias como la de Mirla Aaron Freite.

Tiene 51 años. Sus días comienzan bien temprano. Junto a “Popi”, su mamá, recibe a los vecinos con una taza caliente de café cerca de las cinco de la mañana. Ella es los oídos y la voz de sus vecinos.

Es una líder social y no hace falta ser muy astuto para adivinar que en sus venas corre algo más que sangre. En su mirada se le nota eso que hace pensar en un mejor futuro: la pasión y la ilusión. Quizá, esas dos palabras tambien podrían definir su vida.

Y es que no hay de otra. Pareciera que siempre sabe qué hacer y a quién acudir para resolver los problemas que rondan en su comunidad, una pequeña isla ubicada al sur del casco urbano de Cartagena con un tamaño similar al del municipio de Itagüí en Antioquia.

Ahí vive Mirla, esta líder social oriunda de Santa Marta, quien después de ir y venir por otros lugares de la costa Caribe colombiana decidió asentarse hace 25 años en este territorio donde se confunde la arena del mar con la tierra de sus calles sin pavimento.

Tiene dos hijos: un joven soñador que desde 2018 migró a Berlín (Alemania) y una chica trans que ha aprendido de su madre a hacer valer sus derechos.

Tierra Bomba es un lugar en medio del mar, pero sus casi 3500 habitantes no tienen servicio de agua potable. Allí, la oferta de empleo es casi nula, pero a todo el frente suyo se produce más de la mitad del producto interno bruto (PIB) del departamento de Bolívar, gracias al turismo.

En uno de los costados de su playa se bañan los niños en medio de las lanchas de sus padres y tíos, pero a unos 10 o 15 metros flotan pañales, mascarillas y muchas bolsas plásticas.

La investigación es financiada por el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de Canadá. Es liderada por la Universidad EAFIT, con participación de las universidades de los Andes y de Cartagena, y el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique y la Fundación Hernán Echavarría Olózaga. 

Foto: Pixabay

¿Cómo llegar a Tierra Bomba?

Esta es una de las preguntas sugeridas por Google y los resultados de la búsqueda normalmente muestran una realidad distinta a la que yo vi.

Ni aquello es mentira ni lo que les cuento es la verdad absoluta, pero definitivamente las monedas tienen dos caras y descubrir un poco estas dualidades fue, en sí, el objetivo de mi viaje.

En Tierra Bomba viven personas oriundas de diversas zonas del país, sobre todo de los departamentos cercanos.

También ha sido lugar de llegada de muchos migrantes venezolanos. Es un pueblo que vive fundamentalmente de actividades alrededor del turismo como la venta de comida, artesanías, servicio de masajes y de la pesca tradicional.

Como a todos, la pandemia los golpeó emocional y económicamente muy fuerte. “Prácticamente fue gracias a los pescadores que pudimos sobrevivir. Todos los días los esperábamos. Entre dos y tres pescaditos por familia. Nos ayudaron mucho”, recuerda Mirla sobre los días más cruentos del revolcón social que propinó ese agente casi invisible del cual aún hoy sentimos sus consecuencias..

Pero tanto antes como después del COVID-19, Tierra Bomba debe enfrentar desafíos de grandes magnitudes que, por su complejidad, no tienen una única solución.

Se trata de la alta contaminación de la bahía de Cartagena, la zona común de Tierra Bomba y las comunidades de Barú, Ararca, Caño del Oro, Bocachica, Punta Arena y Pasacaballos que hacen vida alrededor de este cuerpo hídrico.

Durante casi 500 años, esta ha sido el puerto principal del Caribe colombiano, conocido también como “Puerta del comercio de América”. Gracias a su ubicación geográfica, es un punto estratégico para el transporte de mercancías y el asentamiento de cientos de empresas.

Hasta hace apenas unas décadas se conservaba como uno de los ecosistemas más preciados del país, pero todo ha cambiado: hoy la bahía es un paciente que requiere cuidados intensivos y ojalá existieran métodos tan efectivos como una vacuna para resolverlo.

En muchas ocasiones, la investigación científica está rodeada de episodios fascinantes que nunca aparecen siquiera como anécdotas para hacer menos densa una conferencia y, menos, una publicación académica. Esta crónica testimonial muestra esas peripecias desconocidas detrás de hacer ciencia.

Daniela Mejía, Geóloga de la Universidad EAFIT.

Hace cuatro años ya que participé en unainvestigación sobre la calidad del aire en el Valle de Aburrá que realizamos profesores y estudiantes del grupo de investigación en Paleomagnetismo y Magnetismo Ambiental de EAFIT, dirigida por José Fernando Duque Trujillo, docente del Departamento de Ciencias de la Tierra de EAFIT. Era en esas épocas en las que empezó a sonar mucho la idea de que en Medellín había una mala calidad del aire.

Yo por alguna casualidad había comenzado un proyecto muy bonito que consistía en medir la calidad del aire en diferentes puntos de la ciudad por medio de
plantas. ¡Sí!, especies vegetales a las que se les adhiere material particulado de su entorno y por medio de técnicas de magnetismo ambiental se puede saber el nivel de contaminación donde crecieron estas plantas.

Las Tillandsias recurvata son plantas con una distribución muy amplia en toda América y justo en Colombia se pueden encontrar en cualquier lugar: desde las ramas de los árboles, hasta en los cables de la luz. Nunca había notado su existencia hasta que las comencé a buscar.

Una parte importante de la investigación era encontrar las Tillandsias porque por los protocolos de investigación las plantas tenían que cumplir ciertos requisitos: de aproximadamente cinco centímetros y una altura mayor a 1.5 metros, y las que recolectaba tenían que estar distribuidas de manera uniforme por todo el Valle de Aburrá.

Nunca voy a olvidar el primer día que salí a recoger Tillandsias. Había pasado toda la semana planeando las rutas en las que tenía que optimizar el mayor tiempo posible porque en apenas unas pocas semanas tenía que tener toda el área muestreada. ¿La razón? Si pasaba mucho tiempo entre colectar una muestra y las otras, al final no serían comparables.

De manera que pasé mucho tiempo pensando la forma de tomar la mayor cantidad en el menor tiempo posible. Una de las soluciones fue gastar horas en Google maps revisando en qué calles de la ciudad habían árboles y en cuáles no, todo para evitar perder tiempo en lugares donde no se podían hallar.

El reto de ubicarlas y llevarlas al sur del continente

La noche anterior al primer día de muestreo había llevado todo a mi casa: el GPS, los mapas, la ubicación de las calles seleccionadas, bolsas, guantes...

Nada podía fallar porque era la primera vez que estaba yo sola dirigiendo un muestreo. Llovió toda la noche y yo no dormía pensando en que el agua iba a tumbar todas las planticas. Al final todo salió bien y a medida que pasaban los días fue más fácil encontrarlas.

Conocí toda la zona urbana del área metropolitana, barrios que nunca en la vida había visitado en los que gente curiosa preguntaba qué había de interesante en los árboles y para qué recogía esas plantas. La dinámica de muestreo tenía sus altibajos porque en el Valle de Aburrá pasas de una zona con muchos árboles a barrios con centenares de casitas sin una sola planta. Ese era un problema, lugares donde iba y no podía encontrar nada.

Las plantas las empacaba y las llevaba al laboratorio, ese mismo día las ponía a secar en un horno a 38 grados para que no se les “borrara la información”. Finalmente, cuando terminé de muestrear, tenía 185 bolsitas de planticas trituradas, listas para analizar.

Colombia terminó el año 2020 con un total de 51.454 hectáreas sembradas de banano. El 69% de las exportaciones de la fruta son a países de la Unión Europea, 16% a Estados Unidos y 15% al Reino Unido.

Foto: Daniela Mejía

Para mi fortuna, los análisis magnéticos de las muestras no se podían hacer en Colombia porque ningún laboratorio tiene magnetizadores de remanencia y otros equipos utilizados en magnetismo ambiental, así que después de tener las muestras listas comencé un largo viaje a la ciudad argentina de Tandil –ubicada en la Provincia de Buenos Aires, a unos 420 kilómetros de la capital del país–, para conocer un poco más sobre los minerales magnéticos pegados en las Tillandsias, y con varios análisis más determinar un índice de contaminación en cada sitio muestreado.

Viajar con las muestras fue toda una aventura, básicamente porque es materia vegetal que está pasando de una región a otra y ese tipo de cosas hay que declararlas en aduanas con el riesgo de que no las dejen pasar. Así que con mucha cautela empaqué mis bolsitas entre la ropa de la maleta de bodega y, como dicen por ahí, les eché la bendición.

Al llegar a Buenos Aires me apresuré a recibir la maleta en la banda con la sorpresa de que nunca apareció: Aerolí- neas Argentinas había dejado mi equipaje en Lima y prometió que lo enviaría lo más pronto posible a Tandil.

El estudio de rocas de las cordilleras Occidental y Central permite a investigadores de EAFIT reconstruir la evolución de los Andes del norte, en Antioquia, desde hace millones de años hasta el último medio siglo. Conoce esta interesante historia.

Periodista Información y Prensa de EAFIT: Jonathan Andrés Montoya Correa.
 

El Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, declara a Colombia como un país megadiverso. Y esto se debe, en gran parte, a los miles de millones de años de procesos geológicos que han dado lugar a cordilleras, valles, sistemas de fallas
y condiciones climáticas que propician que esta sea una de las 17 naciones que albergan el 70 por ciento de la biodiversidad del planeta.

Por eso, Colombia no solo es un país megadiverso, también es geodiverso. Esta afirmación se evidencia en todos los paisajes que componen el territorio nacional incluido, por supuesto, el del Valle de Aburrá, donde se levanta Medellín. No es gratuito, por ejemplo, que la vista desde el parque Arví, con sus colinas y altiplanos, sea tan diferente de la que se aprecia desde uno de los miradores de la avenida Las Palmas.

Otra cosa es observar la ciudad desde alguno de sus tres cerros tutelares de la parte plana (El Volador, Nutibara y La Asomadera), en comparación con lo que se ve desde el Alto de la Virgen, en Guarne, o la geografía para quien está en el Alto de San Miguel, donde nace el río Medellín. Y todo eso es muy diferente a lo que
ve alguien que se lanza en parapente desde San Félix en dirección Occidente-Oriente.

¿Por qué el Valle de Aburrá se comporta tan diferente, cómo se formó y cómo sigue reacomodándose?, ¿por qué no se puede comprender como una unidad sino como un territorio geológicamente diverso?, ¿por qué tenemos el paisaje actual? y ¿cuál es la historia tras la formación de las montañas que lo conforman?

Explorar el big data para tomar mejores decisiones en empresas y el Estado es uno de los objetivos del Centro de Excelencia Caoba que se especializa en extraer información valiosa de los datos a gran escala para analizarlos y generar valor agregado para múltiples usos.

Santiago Higuita Posada, Colaborador.

En medio de la avalancha de datos que se producen todos los días en internet, una de las mayores unidades para el almacenamiento de información hasta ahora conocidas es el Zettabyte (ZB). Equivale a mil  trillones de bits, la unidad mínima empleada en informática.

Su capacidad es tal que en un ZB se podrían alojar más de 17 mil millones de iPhone de 64 gigas y una película en alta definición duraría cerca de 36 millones de años. Para el año 2021 se pronostica que el tráfico de los centros de datos en el planeta, gran parte almacenados en la nube computacional, podría superar los 20 ZB anuales, más del doble del peso actual de la red mundial.

Firmas internacionales como Cisco, líder en transformación digital y estudio de big data, han visualizado este panorama en la producción de información en su Índice Global de la Nube.

En este mar de datos, literalmente, navegan los data scientist que son profesionales en áreas convergentes como matemática, modelación, estadística y computación dedicados a auscultar la inmensidad de datos producidos a diario. Por medio de técnicas de data mining hallan información valiosa que sirve para tomar mejores decisiones tanto en el sector privado como en políticas públicas.

Son los científicos de la era de la información que se dedican a pensar, principalmente desde la ingeniería y la abstracción matemática, aplicaciones para hurgar en los recovecos del big data y crear algoritmos que solucionen problemas que afectan la cotidianidad desde el sector financiero hasta el medioambiente.

Edwin Montoya Múnera es ingeniero de sistemas y doctor en Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia (España). En la actualidad es profesor investigador de EAFIT y coordinador del Centro de Excelencia y Apropiación en Big Data y Data Analytics de la Alianza Caoba, una iniciativa público-privada impulsada por el Gobierno Nacional para promover investigación aplicada en estas áreas. La iniciativa opera desde el año 2016 en el cuarto piso del bloque 18 de EAFIT.

EAFIT ejecuta tres investigaciones con el Grupo Cartama, empresa agrícola dedicada a producir y exportar aguacate Hass. Los logros beneficiarán la productividad del sector y la calidad de la fruta. Las comunidades cercanas a los lugares de cultivo han recibido ya los nuevos conocimientos.

Juan Carlos Luján y Felipe Sosa, Colaboradores Revista Universidad EAFIT.

EAFIT y el Grupo Cartama desarrollan, desde 2019, tres proyectos que tienen relación e incidencia directa con el cultivo del aguacate Hass (Persea americana Mill). Como ha sucedido con otros proyectos de consultoría e innovación conjuntos entre la academia y la empresa privada, los logros han sido de gran trascendencia.

En los estudios participan investigadores de la Escuela de Ciencias de la Universidad. Cartama es una empresa dedicada al cultivo y comercialización de esta variedad de aguacate. Fue fundada en el año 2000 por un grupo de empresarios antioqueños y su primer lugar de producción fue en el municipio de Rionegro, en este departamento.

La compañía se dedica a toda la cadena de producción, desde la siembra del árbol en los viveros, cultivo, cosecha del fruto, embalaje en su planta ubicada en
Pereira (Risaralda) y el envío a los clientes finales.

En 2015 comenzó a exportar y en los últimos años ha ingresado a mercados como el japonés y el chino. Tiene unidades productivas en Rionegro, Sonsón, Amagá, Caramanta, Támesis, Jericó y Concordia (Antioquia), Anserma, Riosucio, Salamina y Aranzazu (Caldas), y Quinchía y Guática (Risaralda).

Cuenta con sellos y reconocimientos por la calidad de su producción y espera que las investigaciones con varias universidades, ente ellas, EAFIT, le permitan acceder a otras certificaciones.

Estas labores conjuntas entre Universidad y sector privado permiten que compartan conocimientos e investiguen con fines comunes. Además, los inversores o ejecutores reciben estímulos como deducciones y descuentos tributarios, lo que facilita también el acercamiento del empresariado a los grupos de investigación universitarios.

Proyecto Construcción de inventarios ecológicos para la gestión sostenible de los agroecosistemas de las unidades productivas de aguacate Hass

Con este se identificó la biodiversidad de cuatro unidades productivas (el Grupo Cartama denomina así sus fincas y terrenos de cultivo), ubicadas en los municipios de Quinchía, Riosucio y Guática.

Dentro de los logros más significativos está el haber registrado, según datos que aún están en verificación, cerca de 610 especies en la zona: 243 plantas, 30 herpetos (anfibios y reptiles), 30 mamíferos, 168 aves, 95 taxones de diptera y 40 taxones de hymenoptera, es decir, grupos de ambos tipos de insectos.

Susan Saavedra Porras, jefa de Investigación, Desarrollo e Innovación del Grupo Cartama, explica que el monitoreo a la biodiversidad se extendió un año y se efectuó en dos épocas para poder tener también datos de migraciones de aves y conocer las comunidades de insectos asociadas a efectos polinizadores.

“También se monitoreó la microbiota del suelo. Fueron análisis y estudios muy completos. El informe final presenta una propuesta para hacer una reconexión de los relictos de bosques (remanentes de bosques) en estas unidades productivas y favorecer la conservación de las especies identificadas”, agrega.

Cristian Andrés Díaz Profesor de Derecho Administrativo, Universidad EAFIT.

Hace algunos meses, la Corte Constitucional declaró “inexequible con efectos diferidos a dos legislaturas completas, contadas a partir del 20 de julio de 2021, la Ley 1951 del 24 de enero de 2019, ‘por medio de la cual se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones’.”

Del mismo modo, declaró inexequibles los artículos 125 y 126 de la Ley 1955 de 2019, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Esta decisión judicial se adoptó en la Sentencia C-047, con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo y fue anunciada en comunicado del 4 de marzo de 2021.

La Ley 1951 del 24 de enero de 2019 había creado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ordenando su entrada en funcionamiento dentro del año siguiente y asignándole la función principal de impulsar la participación de la comunidad científica para incrementar el nivel de la investigación científica y social, así como el desarrollo tecnológico de las instituciones de educación superior, los centros de investigación, los parques industriales y las empresas. Así mismo, la mencionada ley indicó que esta nueva entidad gubernamental no podía generar gastos generales o de personal adicionales a los que tenía presupuestado el Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).

Posteriormente, se promulgó la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y complementó –en los artículos 125 y 126– aspectos asociados a la estructura y competencias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que no habían quedado definidos en su ley de creación.

La Ley 1951 de 2019 fue demandada ante la Corte Constitucional que, a su vez, integró al proceso los artículos 125 y 126 de la Ley 1955 de 2019, por guardar relación con la fusión, la denominación y los objetivos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En la demanda se argumentó que: i) se infringió el artículo 154 de la Constitución, que establece que los proyectos de ley dirigidos a crear, suprimir o fusionar ministerios solo pueden ser presentados por el Gobierno Nacional, y esto no fue lo que sucedió en el caso analizado; y ii) se contravino el artículo 150, numeral 7, de la Constitución, por no establecerse en la ley la estructura del Ministerio que se creó.

La Corte Constitucional acogió estos argumentos indicando que “no es posible adoptar medidas que no correspondan a la función de planeación y que no tengan por finalidad impulsar el cumplimiento del Plan para el correspondiente período presidencial”. En tal sentido, precisó que no era viable subsanar a través de la ley del Plan Nacional de Desarrollo los vacíos relacionados con la estructura del Ministerio porque dicho asunto debía determinarse a partir del procedimiento democrático previsto en la Constitución.

Es más, para la Corte, los artículos 125 y 126 de la Ley 1955 de 2019 ni siquiera subsanaron el vacío en la estructura del Ministerio, pues se limitaron “a otorgarle al Gobierno facultades que la propia Constitución le confería para modificar la estructura de los ministerios, pero no para determinarla (artículo 189.16 de la Constitución)”.

Ahora bien, ¿qué implica que la Corte Constitucional haya declarado inexequibles las disposiciones normativas por las cuales se había creado el Ministerio? ¿Significa que desde la expedición de la Sentencia C-047 de 2021 dicho Ministerio desapareció?

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, “las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los
términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”. Usualmente, estos efectos se producen desde el mismo momento en el que se publica la sentencia, de manera que, si declara inexequible una norma, esta queda expulsada inmediatamente del ordenamiento jurídico. Sin embargo, tanto el artículo al que se ha hecho referencia, como la jurisprudencia constitucional reconocen la potestad de la Corte de modular los efectos de sus fallos, es decir, de establecer desde qué momento se producen tales efectos y en qué sentido.

Pues bien, con la Sentencia C-047 de 2021, “la inexequibilidad se declaró con efectos diferidos a dos legislaturas completas, contadas a partir del 20 de julio de 2021”. Según la Corte, “la medida del diferimiento se adoptó al tener en cuenta la necesidad de no afectar la continuidad en el cumplimiento de las finalidades constitucionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en los términos del artículo 70 de la Constitución, y los derechos de las personas vinculadas a la entidad y a los programas y proyectos que desarrolla en materia de ciencia, tecnología e innovación”.

Esto significa que con la decisión de la Corte Constitucional el Ministerio no desapareció. Más aún, puede seguir ejerciendo sus funciones. Pero el Congreso de la República cuenta con dos legislaturas, contadas a partir del 20 de julio de este año, para regular de manera completa la estructura de dicho Ministerio, pues una vez cumplidas aquellas, tanto la Ley 1951 de 2019 –que lo creó– como los artículos 125 y 126 de la Ley 1955 de 2019 –que complementaron sus funciones–, saldrán del ordenamiento jurídico y quedará sin fundamento normativo tal Ministerio.

Según el artículo 138 de la Constitución, una “legislatura” se conforma por dos períodos legislativos: el primero va del 20 de julio al 16 de diciembre y el segundo del 16 de marzo al 20 de junio. De acuerdo con lo anterior, el plazo para que el Congreso subsane los defectos en la estructura del Ministerio, siguiendo el trámite legislativo adecuado, vence el 20 de junio de 2023. Hasta esa fecha, dicho Ministerio puede continuar desarrollando sus actividades.

A pesar de que con el plazo concedido por la Corte Constitucional para remediar la situación el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación conserva temporalmente su vigencia y operatividad, un tema estratégico del Estado, como lo es la creación de un ministerio, debería contar con un procedimiento legislativo adecuado y tener claramente definida su estructura desde el momento de su concepción.

Debe recordarse que los ministerios y los departamentos administrativos, como órganos del Gobierno Nacional, cumplen funciones cruciales para la concreción de las políticas públicas. En tal sentido, la creación, modificación y supresión de aquellos debe obedecer a un razonable ejercicio de planeación y no a decisiones improvisadas.

La sentencia de la Corte Constitucional también es un llamado a que se respete el principio democrático en la creación de los órganos del Estado. El Congreso de la República no puede renunciar a su competencia para establecer la estructura de un ministerio, encomendando este asunto al Gobierno Nacional, pues ello no garantiza el grado óptimo de deliberación y afecta la legitimidad de este tipo de decisiones.